A pocos días de las elecciones catalanas convocadas por el gobierno español para el 21 de diciembre, el panorama político resulta cuando menos inquietante. La mayoría de las encuestas señalan que la Izquierda Republicana Catalana (ERC) y Ciudadanos (Cs) bordean el empate. Sumando por un lado a los anticapitalistas de la candidatura de Unidad Popular (CUP) y a la derecha catalanista de Junts per Catalunya (ex Convergencia y Unio y ex Junts pel Si) y por el otro al Partido Popular (PP) y al Partido socialista Catalán (PSC), será muy difícil un acuerdo que permita gobernar una Cataluña dividida y resentida. La fuerza dirimente desde una perspectiva progresista sería En Común Podemos, que, con un 8 o 9 por ciento de intenciones de voto, se convierte en decididor político.
Por los constitucionalista, Ciudadanos aparece como el gran triunfador, comiéndose a buena parte del electorado del Partido Popular y pisándole los talones a la, hasta ahora, fuerza mayoritaria, el ERC. Su cabeza de lista, la carismática y atractiva, Inés Arrimadas continúa su meteórica carrera política, destronando en simpatías al líder fundador, Albert Rivera.
El Partido Socialista Catalán, que apoyó la aplicación del artículo 155 de suspensión de la autonomía tras el referéndum del 1º de octubre, tiene en su líder Miquel Iceta a un candidato que ha tratado de apostar por la concordia. Se autodefine como transversal, equidistante y partidario de una reconciliación que pase por una necesaria reforma constitucional, camino a una variante de federalismo a la española.
Pero del otro lado, los candidatos autonomistas no corren en igualdad de condiciones. Como lo han hecho notar muchos analistas políticos insospechables de independentismo ¿Cómo puede hablarse de comicios democráticos si tres candidatos importantes no pueden participar en la campaña? Uno es el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont que no puede ingresar en el territorio nacional so pena de ser detenido. El otro es Oriol Junqueras, líder de ERC y que sigue preso en una cárcel madrileña. El tercero es Jordi Sánchez, tercero en la lista de Junts per Cat., también preso. El cuarto preso político es Jordi Cuixart, activista social de Omnium Cutural que no está en lista alguna pero permanece también en prisión.
En este contexto las declaraciones de la vice-presidenta del gobierno y dirigente del PP, Soraya Sánchez de Santamaría, en estos días atizó aún más el fuego. Afirmó en un mitin en Salou que era el PP quien había descabezado a Junts per Cataluña y al ERC. Insistiendo en que su partido –último en las intenciones de voto- había liquidado a los independentistas. Como era de esperarse, Junts per Cat anunció que llevaría a Santamaría ante la Fiscalía por prevaricación. En opinión de los separatistas estas declaraciones constituyen el reconocimiento que es el gobierno español quien “mete y saca” a la gente en prisión por lo que no hay independencia de poderes. Resulta evidente que el PP está tratando de mostrarse como el partido que aplicó el 155 y ha salvado a Cataluña del caos independentista para evitar la fuga de sus votantes hacia un Ciudadanos enérgico y con un discurso de derechas más convincente que el propio. Más allá del hecho, parece evidente que la trilogía oficialista (PP+ Ciudadanos+parte del PSOE ) no han sopesado la gravedad de la fractura abierta.
Cuando se observa a distancia lo que ha sido el proceso catalán muchos olvidan que, por encima de otros factores, aquel fue una respuesta organizada de una parte importante de la sociedad (al menos dos millones de electores votantes en el referéndum) que se sintió agraviada y humillada por un Estado que mantiene con sus impuestos. Así, para muchos catalanes, el Estado se ha convertido en un enemigo y todo lo sucedido el 1º de octubre (fecha del referéndum independentista) solo ha servido para incrementar ese resentimiento.
La estrategia del PP y de Cs es negar el agravio, decir que aquí no pasa nada y que todo debe seguir igual que antes. Aquella del PSC (que, en principio, se presenta como relativamente autónoma del PSOE nacional) ha sido otra: la de reconocer veladamente los agravios propugnando una reforma fiscal y eludir las humillaciones proponiendo una amnistía política para los afectados. El discurso de Iceta gira en torno al diálogo, a la concordia.. Pero en las últimas horas esta propuesta ha empezado a hacer agua. Desde la dirección del PSOE le han obligado a rectificarse sobre la posibilidad de indultar a los políticos catalanes y líderes asociativos soberanistas sancionados, un gesto triste que demuestra la poca autonomía de Iceta.
En este contexto turbio resulta difícil aceptar la idea de unas elecciones democráticas “con garantía de neutralidad” como declaró Mariano Rajoy. Si gana el independentismo ¿aceptará el gobierno reconocer a los triunfadores? ¿Seguirá en aplicación el artículo 155?
Todavía persiste un 19,2% de dudosos que podrían decidir su voto a último momento y, como la propia candidata de Ciudadanos, la andaluza Inés Arrimadas, muchos votantes provienen de otras regiones de España y no tienen especiales simpatías por el catalanismo. Pero también existen quienes, sin ser independentistas, están hartos del maltrato y menosprecio de las autoridades españolas.
Si el resultado final es equilibrado y no hay posibilidades de formar gobierno, nos encontraríamos ante una situación semejante a la que se vivió tras las elecciones nacionales en el 2015 y habría que convocar a nuevos comicios.
(Foto: EFE)
